En la mañana de agosto 9 de 1999, quince campesinos pizcadores de tomate venían de trabajo en una van sin asientos seguros y cinturones de seguridad cuando chocaron con un trailer de carga resultando muertos 13 de ellos y 2 seriamente heridos. Este horrible accidente capturá la atención de mucha gente incluyendo organizaciones comunitarias, iglesias y sindicatos y respondieron con mucho enojo al hecho de escacez de leyes que protejan a los campesinos.
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Los raiteros, que muchas veces resultan siendo los mismo mayordomos o gente de los contratistas que les dan trabajo, aprovechan la situación para cobrarles caro por la transportación. En muchos de los casos utilizan transportación en muy malas condiciones; viejas vans o camionetas con campers sin asientos ni cinturones de seguridad y apretando la máxima cantidad de gente. Hay una historia de sinfín de accidentes donde se ven envueltos campesinos y todos han sido ignorados porque dice “son solamente campesinos ilegales” y que no hay nada que hacer para protegerlos.
Pero después del accidente del 9 de agosto, donde se perdieron tantas vidas, organizaciones comunitarias y público en general presionaron a los políticos para que implementen leyes que protejan a los campesinos. Ahora hay una ley que requiere que todo tipo de transportación de campesinos sean inspeccionadas, arreglando todo lo necesario como asientos seguros y cinturones de seguridad, entre otras cosas. Como resultado, los dueños de transportación incrementaron la tarifa para que los campesinos puedan llegar al trabajo. Aquí los campesinos siguen en desventaja porque pagan más, mientras que el sueldo sigue siendo el mismo. Después de esta ley, el número de policías de caminos se incrementaron y durante la temporada de trabajo se ponen en líneas para ver si se está obedeciendo la ley; arrestando a los que no la cumplen. Esto confirma que esta ley no fue aprobada para total protección de los campesinos porque si deciden utilizar sus propia transportación les para la policía, sus carros son confiscados porque no cuentan con licencia de conducir o seguro de sus carros. Con esto podemos comprobar que ningún legislador es capaz de presentar un proyecto de ley que proteja realmente a los campesinos o si lo hacen, es casi imposible que se pueda implementar por la mente anti-inmigrante que se puede encontrar en el gobierno.
Apesar de esto, hay personas que somos optimistas y hacemos el esfuerzo de seguir presionando a los políticos de hacer sus trabajo en favor de los campesinos. La Coalición del Valle de San Joaquín por la Amnistía General que se compone por varias organizaciones comunitarias, iglesias y sindicatos organizamos eventos para recordar el accidente de 1999 y al mismo tiempo continuar concientizando la comunidad que es muy importante unirnos para poder mejorar nuestras condiciones como inmigrantes y a los políticos, recordarles que los campesinos contribuyen en la economía de California por lo tanto merecen total protección tanto en el área de transportación, salarios o licencias de conducir.
