Crear una institución indígena, no indigenista

En diciembre de 1948, el gobierno federal mexicano, creó al Instituto Nacional Indigenista (INI), con la visión de promover que los pueblos y comunidades indígenas sean sujetos de derecho y de su propio desarrollo integral, a través de una acción rectora, normativa, corresponsable y concurrente con los tres niveles de gobierno. Para lograr esto, se trazó la siguiente misión: a) Formular e instrumentar la política gubernamental para la promoción y defensa de los derechos, así como para el desarrollo integral de los pueblos indígenas; b) Promover la participación social organizada en el marco del reconocimiento a la naturaleza pluricultural de México; c) Promover, en el conjunto de la sociedad nacional, la justa valoración de las culturas indígenas.

Pese  estos buenos diseños, no se llevaron cabalmente a la práctica, ya que la política fue siempre asimilatoria, en el sentido de que se pretendía adaptar, “civilizar”, castellanizar, a los pueblos indígenas a una cultura e idioma único nacional, ademas de que se cometió etnocidio a toda la cultura indígena.  No obstante, no contaban con que los indígenas somos resistentes ante todo tipo de colonización y seguimos vivos con la cultura milenaria de nuestros antepasados.  La realidad es que el papel del INI ha sido rebazado por los pueblos y las organizaciones indígenas, lo que significa que tiene que renovarse en todos aspectos para estar de acuerdo al tiempo y los deseos de los mismos indígenas.

“La buena noticia es que el INI será substituido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), de modo que sea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal -como son el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos- que cuente con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa”. Esto fue lo que afirmó el Ingeniero Huberto Aldaz Hernández, Director General del INI, durante su visita a California, Estados Unidos, el 23 de noviembre de 2001.

Es de mucha importancia que se dé este paso tan necesario para que algunas acciones del pasado sean erradicadas y para que a través de esta nueva figura institucional se establezca una nueva relación del gobierno y los pueblos indígenas en México.  Esperamos que los legisladores aprueben esta propuesta con sensibilidad, acatando la realidad de que los indígenas tenemos que estar en el lugar que nos corresponde con suficientes recursos económicos para el desarrollo de nuestras comunidades..